El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn impulsó la apertura de una investigación en un presunto caso de utilización de documentación falsa con el objetivo de acceder a beneficios judiciales durante el cumplimiento de una condena por violencia de género.
Según lo difundido por Fiscalía, la presentación realizada por el procurador de Fiscalía, Fernando Blanco, el hecho involucra a un hombre, actualmente detenido, quien presentó certificados de cursos a su nombre pero que no habría realizado. De acuerdo a la investigación, las capacitaciones fueron completadas por su expareja, quien fue víctima en el proceso de violencia de género por el cual se lo condenó.
La investigación sostiene que el imputado utilizó esta documentación para solicitar la aplicación del denominado “estímulo educativo”, previsto en la Ley nacional 24.660. Este régimen contempla la posibilidad de reducir los plazos para acceder a salidas transitorias, en función de actividades educativas acreditadas durante el encierro.
Los certificados correspondían a los siguientes cursos: seguridad en el trabajo de carpintería; soldadura eléctrica; cultivo hidropónico en casa; construcción de termotanques solares; el arte de investigar y las competencias digitales; seguridad vial; mi propia huerta; y cultivar tomates en casa.
En base a los certificados presentados, la jueza interviniente resolvió oportunamente conceder una reducción de dos meses en los plazos de acceso a beneficios. Sin embargo, con posterioridad se detectaron posibles irregularidades en la autenticidad de esa documentación, lo que dio origen a la intervención actual del Ministerio Público Fiscal.
El hecho fue encuadrado provisoriamente como uso de instrumento público falso, delito previsto en el artículo 296 del Código Penal. Esta figura sanciona a quien utiliza documentación falsificada a sabiendas de su falsedad, afectando la fe pública y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia.