Los camaristas Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego le bajaron el pulgar a la impugnación presentada por la fiscalía federal para revocar la resolución del juez de garantías Ezequiel Andreani, que admitió a principios de este mes el pedido de la defensa del referente mapuche Facundo Jones Huala para ser trasladado desde la cárcel federal de Rawson a la de Esquel. En consecuencia, el traslado de Jones Huala a la unidad penitenciaria de Esquel sigue en pie a pesar de la férrea oposición de la fiscalía.
Lozano y Gallego, del Colegio de Jueces de Roca, resolvieron dejar sin efecto la audiencia, que se había programado para este martes, con el objetivo de tratar el recurso de impugnación que la fiscalía federal había interpuesto para frenar el traslado de Jones Huala.
Los magistrados declararon “mal concedida la impugnación” del Ministerio Público Fiscal (MPF). Por eso, la orden de Andreani continúa vigente y el Servicio Penitenciario Federal deberá trasladar al dirigente mapuche a la cárcel de Esquel, para cumplir con la prisión preventiva que le impusieron hasta finales de agosto próximo. La fiscalía federal sostuvo en el recurso que se encontraba legitimada para actuar “en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.
Planteó que contaba con el nuevo informe de la Dirección General de Régimen Correccional que había incorporado “nuevos elementos objetivos que no habían sido tratados en la audiencia celebrada con anterioridad, los cuales no podían ser desoídos en tanto estaban vinculados a las condiciones de seguridad de los establecimientos carcelarios así como al perfil criminológico de Jones Huala”. Y en ese informe “desaconsejaban su alojamiento en la Unidad 14” de Esquel.
Andreani entendió que el recurso de la fiscalía resultaba admisible. Sin embargo, los camaristas consideraron que estaba “mal concedida la impugnación articulada por el MPF, por resultar inadmisible”, según la resolución que Gallego y Lozano dictaron el lunes y a la que Río Negro accedió.
Recordaron que la normativa procesal vigente especifica “cuáles son los únicos pronunciamientos susceptibles de impugnación, entre los cuales no se encuentra” el tema del traslado de un interno a otro penal federal.