Un Tribunal de Impugnación de Neuquén resolvió aliviar las condiciones de detención del empresario que fue declarado culpable de las violaciones reiteradas cometidas contra la hija de su expareja, hechos que se repitieron durante 19 años. Pero los propios vecinos del sujeto se rebelaron contra la decisión judicial y protagonizaron un escrache frente al domicilio, en un barrio privado de la capital provincial.
El 1° de julio, luego de 10 días de audiencias, un jurado popular demoró minutos en considerarlo responsable de los abusos y vejaciones. El sujeto, del que se conocen sus iniciales J.R. para no revictimizar a la joven, había llegado a esa instancia en prisión domiciliaria. Con el veredicto de culpabilidad, la fiscalía pidió que se le dicte prisión preventiva efectiva.
El temor del ministerio público es que ante la inminencia de una sentencia de muchos años de prisión, que se conocerá recién el 22 de agosto, el empresario pueda fugarse. El juez que dirigió el debate, Marco Lupica Cristo, accedió a ese pedido; pero los defensores apelaron la medida.
El Tribunal de Impugnación que integraron los magistrados Mauricio Macagno, Federico Sommer y Liliana Deiub, aceptó los argumentos que presentó la defensa, y justificó que el condenado pueda mantener su condición de prisión domiciliaria.
El empresario regresó a su vivienda en el barrio privado, pero sus vecinos no lo quieren allí. Protagonizaron un escrache, con abucheos, pintadas y carteles en el frente de la casa. "Quienes tendríamos que estar protegidos somos los ciudadanos, pero a quien se protege es a un violador que recibió prisión domiciliaria", expresó uno de los manifestantes a Canal 7 de Neuquén.
También manifestó el temor de la comunidad: “tenemos conviviendo dentro del barrio a un violador al que tres jueces le dieron prisión domiciliaria en vez de estar en un calabozo hasta que tenga la sentencia firme”. Y cuestionó que el condenado permanezca en un barrio donde viven numerosas familias con niños.
La fiscalía logró probar que J.R. abusó sexualmente de la víctima desde que era niña y hasta su etapa adulta. Lo hizo principalmente en la vivienda en la que convivieron hasta el año 2020, aunque también en oficinas de empresas del imputado, hoteles durante viajes y un camión utilizado para transportar mercadería. Los hechos denunciados comenzaron cuando la víctima tenía 7 años, en 2004; y persistieron hasta 2023, cuando tenía 26 años.
El jurado popular lo consideró culpable de forma unánime. El imputado, de 68 años, perpetró los ataques bajo un esquema de manipulación pseudoespiritual, alegando recibir órdenes sexuales de «maestros del más allá» que las víctimas debían registrar en cuadernos. Con una expectativa de pena que va desde un mínimo de 15 años hasta un pedido de 35 años de prisión por parte de la querella, los acusadores advierten que el condenado no tiene nada que perder.
El abogado querellante Carlos Caroselli, que representa a la víctima, advirtió que el sujeto cuenta con los medios económicos y recursos logísticos como para intentar una fuga. Vendió recientemente una fábrica por 2 millones de dólares y una propiedad en un barrio privado, disponiendo de una enorme suma de dinero en efectivo.