La Fiscalía logró identificar al presunto responsable de un caso de abigeato registrado en zona rural y formalizó la investigación penal en su contra en una audiencia realizada este jueves. Tras las tareas de recolección de evidencias, el procurador de fiscalía, Ismael Cerda, presentó los cargos ante el tribunal competente, solicitando la apertura del proceso y medidas de protección para la persona afectada.
Según la imputación fiscal, el hecho investigado ocurrió entre los meses de mayo y octubre de 2025 en dos establecimientos ganaderos colindantes. El imputado, quien se desempeñaba como encargado de uno de los campos, habría aprovechado las tareas rurales operativas de ese período para manipular los alambrados divisorios y arrear ilegalmente al menos 11 ovinos pertenecientes a la propiedad vecina.
Para ocultar el apoderamiento de los animales —los cuales contaban con marcas y seña de oreja distintivas de su legítima dueña—, el acusado habría alterado la identificación visual del ganado. De acuerdo con el informe de la fiscalía:
Animales vivos: Seis ovinos fueron esquilados para retirar el tizado original de la dueña y reemplazado por marcas de color rojo utilizadas para señalar animales en proceso de engorde.
Animales faenados: Los cinco ovinos restantes fueron faenados para consumo. Sus cueros, que aún conservaban las marcas de origen, fueron hallados en la propiedad utilizada por el investigado.
La conducta fue calificada de manera provisional como abigeato simple. Durante la audiencia, el juez a cargo dispuso la apertura formal de la investigación preparatoria por un plazo de seis meses, conforme al Código Procesal Penal de la provincia.
Asimismo, a pedido de Cerda, se dictó una orden de prohibición de contacto físico, verbal o personal entre el acusado y la víctima por un período inicial de 60 días. Debido a las particularidades del terreno rural, que incluye caminos vecinales compartidos y servidumbres de paso entre ambos campos, la medida no fijó un límite específico de metros de acercamiento, aunque se advirtió que cualquier incumplimiento constituirá el delito de desobediencia judicial. La defensa del imputado no presentó objeciones a la apertura de la investigación, reservándose el derecho a revisar las actuaciones a lo largo del proceso.
R.G