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15 de Enero de 2017
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Nación analiza cómo restringir el ingreso de inmigrantes con antecedentes penales

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“Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante: es eventualmente alguien que está escapando de la ley, o alguien con estado de inmigración que al mismo tiempo delinque”, con esta frase la canciller Susana Malcorra reconoció que en el Gobierno se analizan estrategias para controlar el ingreso de inmigrantes con antecedentes penales.
Tras el crimen de Brian Aguinaco, que habría sido perpetrado por un adolescente oriundo de Perú, el tema de la inmigración volvió al centro de la agenda del Gobierno de Mauricio Macri y, el “Gabinete Nacional del Programa Siria” trabaja en el tema migratorio, más allá de los refugiados. Quienes integran esta mesa, creada por Mauricio Macri por decreto, los ministerios del Interior (Migraciones y Renaper), Desarrollo Social, Seguridad y la Cancillería.
“No podemos volvernos un país cerrado, pero al mismo tiempo tenemos que ser un país responsable de que acogemos a aquellos que vienen a la Argentina a ser parte de un proyecto con buena voluntad”. ¿Qué se entiende por ‘buena voluntad’? “Esas cuestiones son las que la ley o la revisión de la ley va a tratar de ajustar”, explicó Malcorra.
La Canciller reflexionó: “Al mundo le fue muy mal siendo xenófobo. No llegamos a ningún buen puerto con eso. No es que cualquiera puede entrar, pero tampoco podemos estigmatizar y cerrarnos, porque nuestro país es lo que es por los inmigrantes que vinieron”.
Para Malcorra, “hay que hacer controles muy inteligentes, cruces de la información con la que se cuenta y no caer en la xenofobia, que es ideología”.
“La mayoría de inmigrantes vienen con buena voluntad. Esto no se tiene que hacer por razones de ideología sino para preservar a nuestro territorio de aquellos que no tienen buena voluntad”, concluyó la funcionaria.
Las diferencias dentro de los funcionarios de Cambiemos surgen en base a cómo implementar estas medidas. En algunos casos, creen que se debe hacer a través un proyecto de ley o un decreto, otros que entienden que alcanza con aplicar con firmeza la legislación vigente. Para ello, citan el inciso C del artículo 29 de la ley 25.871, de Migraciones, que fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido “condenado” o tenga “antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas” o por “un delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más”. (Fuente T.N)

 

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