El Gobierno lograría aprobar el proyecto del presupuesto por la división del PJ

No será un presupuesto más el que se comenzará a discutir esta semana en el Congreso: es el presupuesto del déficit cero que, consecuentemente, traerá aparejado un fuerte ajuste del gasto público para el año próximo. Este condimento no lo hace demasiado atractivo para su aprobación, pero aun así un grupo de gobernadores del PJ y sus representantes en el Congreso estarían dispuestos a prestar los votos necesarios al Gobierno para no agravar la ya frágil situación económica y social del país.

La grieta que se abrió entre los gobernadores peronistas frente a la política de ajuste de la Casa Rosada anticipa una fractura en los bloques peronistas en ambas cámaras.

El Gobierno hace sus cálculos: si las provincias más "amigables" confirman su apoyo, el oficialismo se garantizaría los votos suficientes para alcanzar la mayoría y sancionar el presupuesto 2019 antes de noviembre próximo. Cuentan entre esas provincias a Salta, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Chaco, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero.

Esperan sumar, también, a San Juan y Catamarca. Esto redundaría en una treintena de votos extra para el oficialismo en Diputados.

De cumplirse estos pronósticos, el oficialismo podría prescindir del apoyo del Frente Renovador, otrora un bloque indispensable para conseguir la mayoría en la Cámara baja. Los diputados que responden a Sergio Massa y que comanda Graciela Camaño tienen una posición bastante más crítica respecto de la política económica del Gobierno que algunos gobernadores del PJ. "Muchos no queremos votar el presupuesto para no convalidar un ajuste que todos los días arroja despidos en el sector público y en el privado", confió un diputado de ese sector. Una alternativa que barajan es la abstención.

Igualmente, el apoyo en general que anticipa un sector del PJ no garantiza una aprobación a libro cerrado del proyecto. Al contrario, los gobernadores anticiparon que la discusión técnica sobre la letra fina del presupuesto quedará en manos de los legisladores; son ellos quienes, en su representación, buscarán amortiguar el impacto del ajuste en sus distritos -por caso, la eliminación del subsidio al transporte- con más subas de impuestos que a las que ya accedió el Gobierno.

El impuesto a los ingresos brutos será uno de los ejes de esta discusión: el Gobierno insiste en preservar la rebaja anual de este tributo prevista en el consenso fiscal suscripto el año pasado, pero algunos gobernadores procurarán suspender esta cláusula para mejorar sus recaudaciones.

Lo cierto es que el presupuesto para el último año de gestión del actual mandato de Mauricio Macri traerá de todo, menos buenas noticias. Según trascendió de los borradores que circularon durante la última reunión de los gobernadores peronistas con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el martes pasado, las pautas macroeconómicas para 2019 no son precisamente halagüeñas: el crecimiento será cero, la inflación orillaría el 23% y el tipo de cambio que oscilará entre los 40 y los 42 pesos por dólar.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hará una presentación formal del proyecto mañana y el jueves próximo concurrirá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para dar inicio formal al debate. El martes siguiente será el turno de Frigerio, uno de los articuladores del consenso gestado con un sector del peronismo no kirchnerista.

Paralelamente, el Gobierno enviará al Senado la adenda al Consenso Fiscal que incluirá las modificaciones impositivas con las que buscará compensar el ajuste de $100.000 millones que cada una de las provincias deberá encarar en sus propias cuentas y los otros $ 300.000 millones que recortará la Nación para alcanzar el déficit primario cero.

Respecto del impuesto a las ganancias, la iniciativa prevé eliminar, desde el 1° de enero del año próximo, toda exención en los importes que perciban empleados y funcionarios públicos nacionales y provinciales en concepto de gastos, viáticos y bonificaciones. Asimismo, pasarán a pagar este impuesto los resultados provenientes de actividades de "ahorro, de crédito y/o financieras o de seguros y/o de reaseguros" de las cooperativas y mutuales.

La adenda propone, además, suspender en los próximos dos años la cláusula que no permitía ni crear impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales. Y en esa línea también se deja sin efecto la baja de Sellos de 0,75% a 0,5% programada para 2019.

Por otra parte, quedará establecido en el texto que a partir del año próximo la Capital y Buenos Aires -dos distritos gobernados por Cambiemos- deberán hacerse cargo de la tarifa social del servicio de agua y desagües cloacales prestado por AySA. Lo mismo sucederá con Edenor y Edesur, que pasarán a ambas jurisdicciones. Igualmente, la adenda también ratifica que las provincias y la Capital definirán la tarifa eléctrica diferencial subsidiada de los usuarios residenciales, así como el subsidio al transporte público de pasajeros. (La Nación)