Piden elevar a juicio la causa por presunto acoso en el Regimiento de Caballería N°3

La Fiscalía Federal de Esquel solicitó esta semana la elevación a juicio de un exintegrante de la jefatura del Regimiento de Caballería N°3 del Ejército Argentino por los delitos de coacción y abuso de autoridad militar que tuvieron como víctimas a tres soldadas voluntarias entre 2017 y 2018.

El fiscal federal subrogante Federico Baquioni Zingaretti consideró completa la etapa de instrucción de la causa y requirió, en consecuencia, que continúe en el debate oral. El representante del MPF entendió que el acusado, que integraba al momento de las denuncias la jefatura de la dependencia, cometió el delito de coacción sobre dos soldadas mediante amenazas que “fueron proferidas sin motivos legítimos  y en un contexto de especial vulnerabilidad” por la asimetría jerárquica, para mantener relaciones sexuales. “Las amenazas tuvieron entidad y estaban dirigidas a doblegar la voluntad de las víctimas. En efecto, mediante el ejercicio abusivo de sus facultades de mando concretó los males anunciados mediante hostigamientos a las mujeres y a su entorno inmediato, causando miedo, malestar, incertidumbre”.

Asimismo, la Fiscalía indicó que el imputado debe responder también por el delito de abuso de autoridad militar, previsto en el artículo 249 bis del Código Penal, en perjuicio de una tercera mujer. Baquioni Zingaretti señaló al respecto que para que se configure ese tipo penal “el poder disciplinario que se utiliza” debe “afectar la dignidad”, que “le produzca daño o lo menoscabe… moralmente”, lo que consideró acreditado en la investigación.

Doblegar la voluntad

El fiscal dijo en el requerimiento que el acusado, abusando de su rango jerárquico, “hizo uso de amenazas con el objeto de doblegar la voluntad de las mujeres para que accediesen a mantener relaciones sexuales. Además, aplicó castigos -como el cambio de tareas e incluso impuso a una ellas rigurosidades físicas- perjudicándolas en su salud psicológica e intentando coartar su libertad de decidir sobre su vida sexual”.

“La relación desigual de poder y el estado de vulnerabilidad de las víctimas se desprende de que ellas eran mujeres jóvenes de entre 19 y 24 años de edad,  recién ingresadas a la fuerza, eran sostén de familia y el imputado era su superior jerárquico”, graficó en ese sentido. Dicha superioridad “le daba facultades de control sobre los puestos donde estaban las voluntarias, permitiéndole actuar cuando ellas estaban solas, y por lo general en horario nocturno”; por otro lado, “imposibilitada o dificultaba que las soldados hicieran la denuncia”, en tanto estaban denunciado a un jefe del Escuadrón.

Asimismo, afirmó que los hechos “configuran supuestos de violencia contra la mujer en los términos de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.