La condena a Goodman no criminalizó la protesta social

La condena al ex secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, evidenció una serie de sinrazones que parecen no tener una explicación posible, luego de un juicio en el que el propio imputado reconoció su participación en los destrozos provocados en septiembre de 2019 en la Legislatura del Chubut.

Después de la audiencia de cesura de pena, realizada el miércoles último, el jueves 18 se dará a conocer la condena que recibirá Goodman.

Sin embargo, algunas cuestiones quedan para ser analizadas. La condena en sí misma ya es una sentencia, aunque parezca redundante, porque por fin alguien dejó en claro que todos tienen derecho a protestar y manifestarse, pero sin dañar edificios públicos y también comercios como pasó en diciembre del año pasado.

Cuando haya manifestaciones serán los propios dirigentes sindicales los que deberán velar para que las mismas sean en paz y sin desmanes.

La jueza María Tolomei deberá decidir el monto de la condena. La fiscalía pidió cinco años de prisión efectiva, mientras que la defensa de Goodman solicitó una mínima condena de 15 días de prisión y subsidiariamente tres años de ejecución condicional.

No es menor la diferencia. La fiscalía pidió que vaya a la cárcel, y la defensa quiere que la condena sea cumplida en libertad. Pero en ambos casos se dio por admitida la imputación.

¿Por qué llega Goodman a esta instancia? Por los destrozos que se realizaron en la sede legislativa.  Y está bien que se condene a quienes vandalizan edificios y espacios públicos.

El paro nacional convocado por CTERA se basó en una falacia. No se criminalizó la protesta, se criminalizaron, judicializaron y condenaron los actos que protagonizaron quienes destruyeron, sabiendo lo que hacían, edificios públicos.

Cuando se conozca la sentencia de la jueza Tolomei será muy interesante analizar los fundamentos de la misma. Sea que aplique una condena de cumplimiento efectivo, como solicitó la fiscalía, o bien que se incline por fijar una pena que sea de ejecución condicional. Esto sucederá si la pena es menor de tres años.

En ambos casos va a adquirir verdadera trascendencia. Porque si la condena es de cumplimiento efectivo sentará un precedente que, sin dudas, va a ser tenido en cuenta por quienes encabecen en el futuro protestas y manifestaciones callejeras.

También habrá que evaluar detenidamente los fundamentos si la magistrada, en cambio, se inclina por aplicar una pena menor que la solicitada por la fiscalía y la querella.

Hay que ser claros en algo. Los chicos estuvieron un día sin clases en todo el país porque la CTERA   impulsó una medida de fuerza pidiendo la absolución de una persona que, en el proceso del juicio, reconoció su participación proveyendo cubiertas a la hoguera que terminó incendiando buena parte de la Legislatura Provincial, en Rawson.

No se criminalizó la protesta. Se juzgaron con el debido proceso los destrozos que se provocaron en el patrimonio público.

De esa manera se pronunció la Asociación Argentina de Fiscales en un documento en el que expresó: “Afirmar falsedades como que este fallo condena al compañero Goodman en una causa ‘armada’, con ‘espionaje ilegal’ o comunicar a la población que las medidas de fuerza tomadas por el gremio CTERA obedecen a la criminalización de la protesta social, constituyen presiones indebidas tendientes a manipular la opinión pública, desacreditar a la justicia, y a doblegar e incidir sobre un pronunciamiento judicial, que fue tramitado dentro de las reglas del debido proceso y con el respeto de las garantías judiciales”.

Fotos: Daniel Feldman