En diciembre, la niña fue llevada por su mamá a un control médico en el centro de salud de su localidad, donde se les informó que cursaba un embarazo. En ese momento, ella pudo dar cuenta de los sometimientos que padecía por parte de su progenitor.
Ante la denuncia, la fiscal Alejandra Del Río Ayala ordenó la captura de un hombre de 42 años, quien fue detenido el lunes en Recreo, y hoy será imputado.
Al mismo tiempo, ante el pedido de la interrupción del embarazo, se les dio turno al hospital Iturraspe, de Santa Fe, donde tenían cita el lunes. Sin embargo, no asistieron y se inició la búsqueda de ambas. La investigación dio cuenta de que fueron captadas durante el fin de semana por integrantes de Grávida, vinculada a la Iglesia católica y conocida por hechos similares de obstaculización de derechos.
En paralelo a la búsqueda se organizó una reunión entre autoridades de diferentes áreas de los ministerios de Salud, Género y Diversidad, Derechos Humanos, la Defensoría y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Tras evaluar la situación emitieron un comunicado en el que detallaron las actuaciones en el caso de la niña embarazada producto de un abuso intrafamiliar, que junto a su madre “permanecía bajo el sistema de monitoreo y acompañamiento del Estado”. Tras la búsqueda de paradero, fueron encontradas en la Casa de las Hermanas Betania.
Desde el gobierno apuntaron a Grávida: “Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”, para convencerla de no llevar adelante la interrupción del embarazo.
En ese contexto, plantearon que “la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia impulsó una medida de protección excepcional transitoria para resguardar a la niña, garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos al igual que todas las niñas, niños y adolescentes. De esta manera se da cumplimiento a lo consagrado en las leyes nacional y provincial de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, indicaron.
Además, detallaron que la medida implica “suspender el cuidado parental (en relación a la madre) para preservar los derechos de la niñez”, aunque “no significa que no pueda tener contacto, pero está a cargo del Estado”. La titular del área, Patricia Chialvo, indicó que “en términos legales se resolvió esto por entender que no se estaba respetando la voz de la nena (luego de lo sucedido el fin de semana). Como todas las medidas, se solicitó autorización del Juzgado de Familia en turno (para que saliera del lugar donde estaba). Se va a trabajar desde los equipos de Salud y Niñez, para escucharla y demás”, dijo