Pasó casi un mes de aquella denuncia que estremeció al arco político de Trelew. Un supuesto acoso sexual y laboral contra el intendente Gerardo Merino por parte de una empleada municipal vio la luz pública. Ahora, el jefe comunal contraataca: denunció por extorsión a la mujer y su abogado. Según lo que presentó Gladys Olavarría, (quien representa a Merino) ante la fiscalía, tanto la empleada como su letrado Gastón Bordier intentaron presionarlo para obtener cargos en el estado provincial y municipal.
La acusación contra Merino de parte de una empleada del área de inspecciones se produjo el 14 de noviembre pasado provocando un cimbronazo en el ámbito político de la ciudad y la provincia. El intendente se presentó espontáneamente ante la justicia que sigue investigando el tema.
Pero tras reunir pruebas, llegó una presentación que puede dar un giro en la causa. Este martes, Olavarría confirmó que tanto Bordier como su representada “quisieron extorsionar al intendente pidiéndole puestos de trabajo para ambos y si no cumplía lo amenazaban con hacer una denuncia de tipo sexual”, lo que finalmente ocurrió.
“Nos presentamos en la fiscalía con las pruebas, aquí hay un delito de coacción agravada”. Según la abogada “esto es cuando una persona intimida, en este caso a un funcionario público, con el objeto de que, si no cumple con sus pedidos realicen un grave o mal daño. El daño grave es el desprestigio que es lo que se intentó con Merino”.
A mediados de noviembre pasado, una empleada denunció al intendente por supuesto acoso sexual y laboral. Entregó a la justicia los mensajes que recibía de parte de Merino, a los que definió como “de fuerte contenido sexual”. Cuando se hizo público, el tema provocó un vendaval político. Merino se presentó espontáneamente a la justicia, declaró y entregó su celular.
Olavarría dijo a la prensa local que “en abril de este año, el señor Bordier intentaba en forma insistente tener una reunión con mi representado, en un lugar donde no hubiera cámaras ni nada que deje evidencia del encuentro. Tampoco quería que el encuentro se realice en el municipio”.
Y continuó: “ante la insistencia de esa persona, el intendente accedió porque pensaba que se trataba de un tema laboral que el abogado quería resolver. Pero se enteró que lo que estaba reclamando era la planta permanente para la empleada y un puesto para él en el gobierno de la provincia. Hay suficiente evidencia en mensajes y chats que hemos entregado a la justicia”. Otro escenario se abre. Veremos en qué termina.