En el marco de la causa por el homicidio del periodista neuquino Juan Caliani, ocurrido el pasado 1 de abril, se generó controversia tras la decisión judicial de otorgar salidas transitorias a los dos acusados, ambos menores de edad, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
La medida fue comunicada durante una audiencia de control convocada por la Defensoría, en la que participaron los padres de la víctima, representados por su abogado Federico Egea, la Fiscalía y los defensores de los imputados.
Caliani fue asesinado durante un intento de robo en su casa. Los dos detenidos lo atacaron a puñaladas. Su muerte causó un gran dolor e indignación en toda la comunidad.
De acuerdo con la resolución judicial, uno de los menores podrá pasar las celebraciones junto a su madre y hermana, mientras que al otro se le permitirá salir para trabajar y colaborar con la economía de su familia además de tener salidas el 24 y 31 de este mes para estar en su casa. Estas salidas transitorias se enmarcan en un informe periódico sobre el abordaje de la causa, según lo establecido por la justicia neuquina.
La decisión llega en medio de nuevas denuncias por amenazas realizadas hacia una mujer por parte de uno de los acusados. Este hecho intensifica las tensiones en torno al caso, que ha causado gran conmoción en la comunidad neuquina desde su inicio.
El abogado Federico Egea, representante de los padres de Caliani, expresó su preocupación por la resolución y destacó que este tipo de decisiones son difíciles de asimilar para las familias de las víctimas. "Los padres de Juan siguen buscando justicia para su hijo, y estas medidas generan un fuerte impacto emocional en ellos", manifestó.
El periodista Pancho Casado, colega de Caliani en la emisora AM Cumbre 1400, también se hizo eco de la situación, calificándola de "desconcertante" y señalando que es un ejemplo de cómo la justicia debe balancear derechos y responsabilidades en casos tan sensibles. Mientras tanto, el proceso judicial continúa bajo la supervisión de audiencias de control regulares, en las que se evalúan las condiciones de detención y las actuaciones legales respecto a los imputados. La causa sigue siendo objeto de atención pública, con un fuerte reclamo social por justicia y por el esclarecimiento total del caso.