La medida se formalizó a través del decreto 730/2024, y marca un giro en el manejo de los casos relacionados con la apropiación de menores durante la última dictadura militar.
Contexto y función de la unidad
La Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, establecida en 2004 dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), desempeñó un papel fundamental en la restitución de identidad de personas que habían sido apropiadas ilegalmente durante el régimen cívico-militar. Su función incluía la asistencia a jueces y fiscales en la localización y restitución de la identidad de los menores que habían sido sustraídos de sus familias biológicas.
Argumentos del decreto
El decreto 730/2024 argumenta que la existencia de esta unidad “violenta el régimen constitucional” al otorgarle la facultad de investigar por iniciativa propia y acceder a documentos oficiales. El gobierno citó como referencia el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Ángel Estrada y Cía. S.A.” para sustentar su decisión, que cuestiona la legitimidad de las competencias de la unidad.
Reacciones y críticas
La decisión fue recibida con preocupación y críticas por parte de diversos organismos de Derechos Humanos. Estos grupos advirtieron que el cierre de la Unidad podría ralentizar la búsqueda de los nietos desaparecidos y constituir un obstáculo para la justicia. Según estas organizaciones, la medida no solo perjudica el proceso de restitución de identidad, sino que también representa un retroceso para esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
El director de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) expresó su alarma por la posible afectación de las investigaciones en curso y la dificultad que enfrentarán las familias en la búsqueda.
O.P