Pese a que la Municipalidad de Corcovado presentó formalmente una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel por usurpación y daños (Arts. 181, 183 y 184 del Código Penal) contra Emanuel Ricardo Solís, el denunciado continúa con tareas de tala de pinos en tierras fiscales municipales, generando un grave impacto ambiental y un abierto desafío a las autoridades locales y judiciales.
La denuncia, firmada por los abogados Crhistian Fabián Pasquini y Rafael Ignacio Crea del Blanco, apoderados del municipio, pone en evidencia una situación que no sólo vulnera la propiedad pública, sino que también atenta contra el ambiente y los recursos naturales que pertenecen a toda la comunidad. El escrito invoca además el artículo 238 bis del Código Procesal Penal, que permite disponer medidas inmediatas para restituir la posesión al legítimo titular —en este caso, el Estado Municipal— frente a ocupaciones ilegales.
Sin embargo, mientras la causa avanza lentamente en sede judicial, Solís continúa interviniendo el predio, cortando ejemplares de pino sin autorización ni plan de manejo forestal, lo que podría constituir un delito ambiental autónomo además de la usurpación denunciada.
Un daño que se agrava día a día
Vecinos de la zona cercana a La Pasarela reportaron que los árboles talados son apilados y transportados fuera del lugar, presumiblemente para su venta, mientras el área afectada queda expuesta a la erosión del suelo y pérdida de cobertura vegetal. “Es una zona fiscal que debería preservarse; en cambio, se está destruyendo”, señaló un residente que prefirio no ser señalado.
La respuesta del municipio y el llamado a la justicia
Desde la Municipalidad confirmaron que se remitiran nuevas pruebas fotográficas y testimoniales al Ministerio Público Fiscal, solicitando la aplicación efectiva del artículo 238 bis para recuperar el predio y frenar el avance del daño.
“Estamos frente a un caso testigo. Si la justicia no actúa con celeridad, se sienta un precedente gravísimo: que cualquiera puede ocupar y destruir tierras del Estado sin consecuencias”, advirtió uno de los letrados del municipio.
Hay expectativa de que sea la primera vez que se aplique el nuevo Art. 238 bis en la Provincia del Chubut y se ordene el desalojo de manera inmediata.
La comunidad de Corcovado observa con creciente preocupación cómo un conflicto que comenzó como una ocupación irregular deriva ahora en un deterioro ambiental irreversible, producto de la inacción judicial y la impunidad con la que actúa el denunciado.
T.B