El Gobierno nacional modificó este martes el marco regulatorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y dispuso la liberación del precio de la materia prima, quitando al organismo la potestad de fijar los valores que reciben los productores. La medida quedó oficializada a través del Decreto N.° 812/2025, que actualiza el Decreto Reglamentario N.° 1.240/2002.
La nueva función del INYM: control de calidad sin intervención en precios
Según informó la Secretaría de Agricultura, el objetivo de la modificación es que el INYM “focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, impidiendo su intromisión en un mercado competitivo”. El organismo seguirá a cargo de la promoción y control de calidad en toda la cadena productiva, desde la hoja verde hasta la elaboración del producto final.
El decreto establece expresamente que el Instituto no podrá dictar normas ni intervenir de manera que genere distorsiones de precios, impida la libre competencia o limite la interacción entre oferta y demanda en la producción y comercialización de yerba mate y derivados.
Revisión interna y adecuación normativa en 30 días
La administración nacional instruyó al INYM a revisar y adecuar toda su normativa interna que contradiga este nuevo esquema. Ese proceso deberá completarse en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la medida.
La decisión implica un cambio profundo para un sector históricamente regulado, donde el precio de la hoja verde y de la yerba canchada se discutía dos veces al año en el directorio del organismo y, en caso de no haber acuerdo, lo definía la Secretaría de Agricultura.
Fundamentos del decreto: modernización y eficiencia
En los considerandos del Decreto N.º 812/2025, el Gobierno argumenta que la modificación busca “modernizar” el funcionamiento del INYM para lograr una administración pública “eficiente, eficaz y más ágil”.
El texto recuerda que el Instituto fue creado con el objetivo de promover y fortalecer la producción, industrialización, comercialización y consumo de yerba mate, y sostiene que el nuevo esquema apunta a adecuarlo a “las demandas actuales de la sociedad”.
O.P.