Este miércoles se concretó un importante avance en la causa que tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la demanda del Gobierno de Chubut ante el Estado Nacional por la potestad sobre la central Hidroeléctrica Futaleufú.
El máximo órgano judicial del país admitió la demanda presentada por Chubut contra la Nación, por la que el gobierno de Ignacio Torres cuestiona la validez de dos leyes contempladas en el marco regulatorio eléctrico que, de acuerdo a la administración provincial, vulneran el dominio sobre los recursos naturales y afectan a la central hidroeléctrica.
La central hidroeléctrica Futaleufú, ubicada en el noroeste de Chubut, fue construida entre 1971 y 1978 con el fin de suministrar electricidad a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn, y actualmente es una de las principales fuentes de generación de energía de la región. La central fue operada en un inicio por la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica; en 1994 se constituyó como una sociedad anónima, y al año siguiente se adjudicó a la empresa de aluminio.
El reclamo, impulsado por Torres junto al fiscal de Estado Andrés Giacomone, busca declarar la inconstitucionalidad de las Leyes N° 15.336 y 24.065, sosteniendo en la presentación que ambas normas lesionan "en forma manifiestamente ilegal y arbitraria" el derecho de la provincia sobre los recursos naturales existentes en su propio territorio, incluidos los cursos de agua.
En el mismo sentido, la demanda señala que la provincia esa la "única legitimada para disponer de la concesión, prórroga, nuevas licitaciones, o explotación de la Central Hidroeléctrica Futaleufú", cuya concesión original fue otorgada en 1995 a la empresa Aluar y vencía en junio de 2025; sin embargo, en septiembre pasado, el Gobierno Nacional prorrogó de manera transitoria dicha concesión por 90 días, con el fin de realizar una nueva licitación y garantizar la continuidad operativa de la central.
Ahora, los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti corrieron vista al Estado Nacional para que responda la demanda en un plazo de 60 días, conforme a los artículos 319 y 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, indicando que "de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte". La Corte nacional también dio intervención al Ministerio de Economía de la Nación.