La Provincia del Chubut, a través de sus organismos de Gobierno, ha implementado una nueva reglamentación con el objetivo de simplificar drásticamente el proceso para conformar asociaciones civiles, especialmente en las localidades más distantes de los centros urbanos. La medida busca modernizar el funcionamiento administrativo, reducir la burocracia y garantizar un acceso equitativo a la formalización legal para todos los ciudadanos.
Un cambio clave: certificación de firmas ante el juez de paz
El cambio más significativo se centra en la certificación de las firmas requeridas para la constitución de estas entidades. La nueva normativa permite que las firmas puedan ser certificadas directamente ante el juez de paz de la localidad, eliminando la obligación de que los constituyentes deban trasladarse a ciudades donde reside un escribano público. Este avance se traduce en un ahorro considerable en tiempo y costos de viaje, eliminando una barrera histórica para las comunidades del interior provincial. Una vez certificada la documentación por el juez de paz, la Inspección General de Justicia (IGJ) de la provincia otorga el carácter de instrumento público, completando la validez legal del trámite.
Un beneficio para múltiples localidades
Este importante beneficio alcanza a las asociaciones cuyo domicilio se encuentre dentro de un radio de 100 kilómetros de diversas localidades, como Aldea Beleiro, Aldea Epulef, Alto Río Senguer, Camarones, Dique Florentino Ameghino, El Escorial, Gan Gan, Gastre, Gobernador Costa, Languiñeo, José de San Martín, Lago Blanco, Lagunita Salada, Las Plumas, Paso de Indios, Paso del Sapo, Ricardo Rojas, Río Pico, Río Mayo y Telsen.
Coordinación y requisitos
Este esfuerzo fue resultado de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia, lo que permitió coordinar el rol operativo de los juzgados de paz para integrar este nuevo procedimiento simplificado en el territorio. Para iniciar el trámite ante la IGJ, las asociaciones deberán presentar el Acta Constitutiva y el Estatuto Social con las firmas certificadas por el juez de paz, contando con un mínimo de diez personas mayores de edad como constituyentes. Con esta medida, la gestión provincial avanza en una política pública destinada a fortalecer la vida institucional y reducir las desigualdades territoriales, promoviendo el acceso efectivo a derechos.
E.B.W.