La resolución fue expuesta por la periodista Luciana Glezer en el portal La Política Online.
La represa en cuestión se encuentra en tierras estratégicas de la provincia de Río Negro, donde Hidden Lake, firma del holding Tavistock Group de Lewis, posee más de 12.000 hectáreas adquiridas de forma irregular a finales de los años 90. En ese entonces, el Ministerio del Interior calificó la operación como ilegal por violar la Ley de Seguridad de Fronteras (N° 15.385), que prohíbe a extranjeros comprar tierras a menos de 150 km de las fronteras sin autorización especial.
Adjudicación bajo sospecha
La adjudicación de la represa —que ya venía siendo operada por Patagonia Energía, otra firma de Lewis— formaliza la explotación y operación directa por parte de Hidden Lake S.A.. El acta oficial fue presentada como un trámite administrativo, aunque desde sectores judiciales, ambientales y sociales se denuncia como una cesión de recursos estratégicos a manos extranjeras.
La represa, ubicada en el río Foyel, tiene una potencia instalada de 7,2 megavatios. Se construyó durante el gobierno de Mauricio Macri bajo el Programa RenovAr de energías alternativas. Desde entonces, Hidden Lake inyecta energía al sistema nacional con tarifas hasta diez veces mayores que las de centrales como Salto Grande, según consigna LPO.
Empresa en la mira judicial
Hidden Lake SA fue denunciada en reiteradas oportunidades por la Inspección General de Justicia (IGJ), que en 2022 solicitó su intervención judicial y posterior disolución. El organismo sostuvo que la firma es una “sociedad ficticia” sin actividad agropecuaria real (como figura en su estatuto), utilizada para encubrir la apropiación de tierras y el control del Lago Escondido, uno de los principales reservorios de agua dulce del país.
La empresa fue creada originalmente como HR Properties Buenos Aires SA, con accionistas argentinos para sortear la restricción legal, y luego rebautizada como Hidden Lake. Hoy responde directamente al grupo Tavistock, controlado por Lewis, la octava fortuna del Reino Unido, recientemente condenado en Nueva York a tres años de prisión en suspenso por uso de información privilegiada.
Poder, privilegios y justicia
El entramado de offshores, actas vacías y renuncias en cadena de los directores de Hidden Lake fue señalado como una maniobra para ocultar al verdadero titular de las tierras. Pero las irregularidades no terminan ahí.
En 2022, Joe Lewis fue anfitrión de una cumbre secreta en su estancia de Lago Escondido, a la que asistieron jueces federales, fiscales y empresarios de medios, entre ellos Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Yadarola. Los gastos del viaje, vuelos privados incluidos, corrieron por cuenta de Hidden Lake y fueron coordinados por su CEO, Nicolás Van Ditmar, quien además enfrenta denuncias por privación ilegítima de la libertad, piratería y sedición.
A pesar de las múltiples denuncias y fallos judiciales que ordenan garantizar el acceso público al Lago Escondido, la seguridad privada de Lewis continúa bloqueando los caminos. Mientras tanto, el Estado argentino le transfiere recursos energéticos y territoriales, consolidando un modelo de privatización encubierta en la Patagonia.
Fuente: Este artículo se basa en el trabajo original de la periodista Luciana Glezer, publicado en el portal La Política Online (LPO).
O.P