Lo que comenzó como una simple interacción en redes sociales, terminó en una extorsión que involucró amenazas de divulgar fotos íntimas y una serie de transferencias bancarias que sumaron miles de pesos. La víctima, un hombre que comenzó una conversación a través de la red social Facebook con un perfil identificado con el nombre de una mujer.
Tras un intercambio de mensajes, desde el perfil en cuestión le enviaron una fotografía de una mujer completamente desnuda e inmediatamente comenzaron a presionarlo para que envíe una foto suya, del mismo tenor, y a la vez un contacto de Whatsapp para seguir con la conversación por esa vía.
Creyendo ingenuamente el ardid, el hombre se fotografió y envió el documento por la plataforma de mensajería de Facebook. Minutos después comenzó a recibir amenazas con difundir su fotografía por las redes sociales si no enviaba el dinero que le exigían.
Bajo la presión de no querer ver su foto íntima en redes sociales, la víctima fue llevado a realizar tres transferencias de dinero a una cuenta bancaria a nombre de una mujer, que era quien estaba detrás del perfil falso. Los pagos fueron de 150.000, 100.000 y 200.000 pesos, que se enviaron en diferentes días, y fueron destinados a una cuenta que pertenecía a esta mujer, aunque ella no fue la autora directa de las amenazas.
La investigación, que ha tenido un giro importante en la audiencia judicial, dejó en claro que la trama estaba orquestada desde dentro del Establecimiento de Ejecución Penal 3 de Bariloche. Sebastián Aguilera, quien fue imputado por extorsión, aseguró que no tiene nada que ver con el hecho, dijo desconocer a la mujer involucrada y que en los días en que ocurrieron los hechos prestó su teléfono a otro interno de la exalcaidía local, Gabriel Aguilar.
Según pudo determinarse en las averiguaciones preliminares del legajo judicial, Aguilar recibía frecuentemente las visitas de una mujer en el Penal 3, cuya identidad coincide con el perfil de Facebook utilizado para entablar la conversación con el damnificado y con la titularidad de las cuentas bancarias a las que fue transferido el dinero de la víctima.
No obstante la declaración del acusado y los argumentos expresados por el defensor oficial Marcos Miguel, la fiscalía, encabezada por Cristian Barría, sostuvo que las pruebas apuntan directamente a Aguilera como el responsable de la extorsión, ya que la línea telefónica utilizada para apretar a la víctima estaba registrada a su nombre y el dispositivo utilizado le fue secuestrado en su poder, dentro del mismo establecimiento carcelario.
El perfil falso que contactó a la víctima era, según las investigaciones, operado por la mujer que, aunque no ha sido formalmente imputada, tiene un vínculo cercano con Gabriel Aguilar. Sin embargo, debido a su estado mental, que fue certificado por un informe médico, no está en condiciones de enfrentar un proceso judicial. A pesar de ello, las autoridades continúan analizando el papel que jugó en la trama y si, en algún momento, podría ser imputada o si el caso en su contra podría archivarse.