Los jueces Martín O´Connor y Ricardo Rolón rechazó los planteos de la defensa del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Guillermo Quiroga, y de su exesposa, Mirta Simone, quienes buscaban impedir que tres afiliados de ATE continúen como querellantes en la causa que se investiga en Rawson.
La defensa había cuestionado la resolución de la jueza Eve Ponce, que en una audiencia anterior había habilitado como querellantes a los afiliados de ATE Claudia Barrionuevo, Analía González y Luciano López, representados por los abogados Danilo Sepúlveda y Gladys Olavarría. El defensor Oscar Romero sostenía que permitir su participación abriría la posibilidad a que más de 12 mil afiliados reclamen igual condición.
Según el parte de prensa de Fiscalía, al resolver, los jueces de revisión no hicieron lugar a los agravios planteados por la defensa y confirmaron la resolución original.
Señalaron que corresponde una interpretación amplia del artículo 98 inciso 1 del Código Procesal Penal, ya que busca garantizar la participación de las víctimas en los procesos. Agregaron además que limitar la querella sólo a la Asociación de Trabajadores del Estado como persona colectiva podría frustrar el derecho de las víctimas individuales, teniendo en cuenta que el propio imputado aún es la máxima autoridad de la entidad y podría influir para que la asociación no se presente en la causa.
Por su parte, los fiscales de la Unidad Anticorrupción Julieta Gamarra y Lucas Papini se habían opuesto al planteo de la defensa, destacando la legitimidad de los denunciantes en su carácter de afiliados y la necesidad de garantizar su participación en el proceso.
Además, informaron que Quiroga no se presentó en la audiencia de revisión, y que el Ministerio Público Fiscal solicitó que en las próximas instancias el imputado esté presente, por ser indispensable para el correcto desarrollo de las etapas procesales.
Quiroga y Simone están imputados por el delito de administración fraudulenta continuada, a partir del presunto desvío de fondos de las cuentas del sindicato hacía cuentas particulares de la familia, dinero que habría sido utilizado para pagar tarjetas y otros gastos personales.