A 23 años de la misteriosa desaparición de la familia conformada por Rubén "Mencho" Gill, su esposa Margarita Gallegos y sus cuatro hijos, el caso vuelve a cobrar impulso.
La familia desapareció el pasado 13 de enero de 2002, cuando fueron vistos en el campo La Candelaria y desde aquel momento la causa, que tiene 18 cuerpos de expediente, sigue sin resolverse.
Con la incorporación del abogado Marcos Rodríguez Allende como nuevo querellante, designado por los allegados de Margarita, se reactiva la búsqueda.
Según detalló Allende, el objetivo es "trabajar para tratar de obtener una respuesta para toda la familia y para toda la sociedad entrerriana", retomando una causa marcada por múltiples hipótesis, demoras y una investigación fragmentada entre distintos fiscales y jueces de la provincia de Entre Ríos.
Entre las primeras medidas, el magistrado adelantó una revisión exhaustiva del expediente, que consta de 18 cuerpos, y solicitó la colaboración del Estado nacional y provincial en nuevas diligencias en el campo "La Candelaria".
El letrado criticó fuertemente los manejos iniciales de la causa, destacando que "los caminos fueron diversos y lamentablemente hasta la fecha nunca se supo absolutamente nada", e insistió en su hipótesis central: "Estoy convencido que cometieron un grave delito con esta familia y que uno de los principales sospechosos fue el propietario del campo", aunque aclaró que el hombre falleció en 2016.
"Vamos a retomar las hipótesis, pero fundamentalmente la principal es que esta familia puede estar en el campo", insistió Rodríguez Allende. Y agregó: "La causa procesalmente no está cerrada, está por averiguación de paradero y es una causa abierta”.
En este contexto, se destacó quienes puedan aportar datos fehacientes sobre qué pasó con la familia, el Ministerio de Seguridad Nacional otorga una recompensa de $12 millones.
Los familiares de los Gill se enteraron de la desaparición recién tres meses después, cuando el propio patrón, Alfonso Goette, se presentó en la casa de una de las hermanas de "Mencho" para preguntar por ellos. En ese momento, sostuvo que la familia se había ido de vacaciones y nunca había regresado.
Desde entonces, los parientes comenzaron a señalarlo como principal sospechoso y rechazaron su versión. El estado en que quedó la vivienda de los Gill reforzó las sospechas: muebles, electrodomésticos, documentos y ropa permanecían en su lugar, lo que no encajaba con una partida voluntaria. Incluso, Margarita había dejado sueldos sin cobrar en la escuela donde trabajaba como cocinera. Por eso la familia cree que fueron asesinados y enterrados en el campo.
La primera inspección en la estancia se realizó en julio de 2003, 18 meses después de la desaparición, pero no arrojó resultados. Luego hubo nuevos rastrillajes, excavaciones y controles de frontera, aunque sin avances concretos.
Tiempo más tarde, el fiscal Federico Uriburu señaló que, tras la muerte de Goette, algunos testigos se animaron a declarar y aportaron datos que reforzarían la hipótesis de su posible implicancia. Entre los testimonios más relevantes aparece el de 2017, cuando una persona relató que el 14 de enero de 2002 había visto a Gill quejarse de los pozos que el patrón le había obligado a cavar.