El Gobierno nacional confirmó que promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad, que obtuvo un fuerte respaldo en ambas cámaras tras el rechazo al veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, remarcó que la norma no se reglamentará hasta definir cómo se financiará su implementación. El funcionario, además, explicó que el Congreso debe precisar el origen de los fondos.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida podría sumar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, lo que implicaría un gasto adicional de entre $1,8 y $3,6 billones (0,22% a 0,42% del PBI). A esto se añaden $278.323 millones para compensación a prestadores y $7.160 millones destinados a talleres de producción.
La norma fue impulsada por la oposición en medio de la crisis del sistema de atención, marcada por la reducción de beneficiarios y el congelamiento de recursos. Su tratamiento cobró aún más fuerza tras la salida del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, involucrado en audios que revelaban presuntas maniobras de corrupción con droguerías.
El texto aprobado prevé la creación de pensiones no contributivas para personas con Certificado Único de Discapacidad, fijadas en el 70% de la jubilación mínima y compatibles con empleo registrado dentro de ciertos límites. También garantiza la conversión automática de pensiones otorgadas con anterioridad, evita nuevos trámites para los beneficiarios y actualiza mensualmente los aranceles de prestaciones según el IPC.
Además, establece un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para trabajadores y empresas vinculadas al sector, y refuerza las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tendrá un papel central en la articulación de estas políticas.
En conclusión, aunque la promulgación de la ley representa un avance para el sector, su aplicación concreta queda condicionada a un acuerdo político y fiscal que aún no tiene definición.
R.G.