Este lunes se promulgó en el Boletín Oficial la Ley 27.793, que establece la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la norma no entrará en vigencia de inmediato: el Ejecutivo decidió suspender su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los gastos que demandará.
La medida quedó plasmada en el Decreto 681/2025, que advierte sobre el fuerte impacto fiscal que generaría la puesta en marcha del nuevo régimen. Según estimaciones oficiales, la creación de la pensión y otros beneficios previstos por la ley implicarían en 2025 un gasto de $2,1 billones (0,26 % del PBI) y de $4,7 billones en 2026 (0,47 % del PBI).
A estas cifras se suma el costo del Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, calculado en $574.200 millones para 2025 y más de $1,2 billones para 2026, además de la compensación económica a prestadores, estimada en $278.323 millones. En total, la implementación demandaría $3 billones adicionales, equivalentes al 0,35 % del PBI.
El Ejecutivo señaló que el Congreso “no especificó de qué manera se financiarán las erogaciones” y recordó que la Ley de Administración Financiera obliga a indicar las fuentes de recursos en toda norma que suponga gastos no contemplados en el presupuesto. “La reasignación de partidas no constituye una fuente concreta ni suficiente”, advirtió el texto.
Cabe recordar que el presidente Javier Milei había vetado la ley semanas atrás, argumentando que debía diseñarse bajo criterios de viabilidad financiera y sustentabilidad. No obstante, Diputados y el Senado la ratificaron con mayoría especial, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla.
Desde el Gobierno advirtieron que, aun destinando la totalidad de los fondos disponibles del presupuesto vigente, el monto sería insuficiente para cubrir las obligaciones previstas. Por eso, remarcaron que será imprescindible un aumento presupuestario, cuya aprobación corresponde exclusivamente al Congreso Nacional.
Hasta entonces, la emergencia en discapacidad seguirá en pausa, a la espera de que se definan los recursos que permitan su efectiva implementación.
R.G.