Un grupo de socios de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson -actualmente intervenida-, pidieron al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES, el organismo nacional que regula a este tipo de entidades) a que informe de manera detallada el estado económico de la entidad. El pedido de informes invocando el derecho de los asociados a estar informados, se realizó en dos oportunidades en similares términos en los últimos dos meses, sin obtener hasta el momento, respuesta alguna.
El socio de la Cooperativa y abogado Carlos Ramallal elaboró la argumentación que se presentó y que lleva las firmas de los asociados Ariel Testino, Ernesto Pascualich, Carlos Marín, Norma Montenegro, Alejandro Papaiani, Carlos Rossler, Miguel Torres y Pedro Eugenio Sánchez.
El primer pedido formal se realizó en las oficinas del INAES en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 15 de enero pasado. No hubo respuesta. Por ello ante el silencio y la pasividad evidenciados, se procedió el 8 de febrero de 2026 a formalizar el reclamo pertinente ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.
“Se trata de información pública de una entidad que se encuentra bajo intervención judicial y carece de órganos colegiados de representación, lo que acentúa el derecho de los asociados a tomar conocimiento directo de la gestión. En esa inteligencia la reticencia del organismo (en alusión al INAES) no solo contraría sus objetivos fundacionales de transparencia y participación, sino que además viola las leyes y reglamentaciones relacionados con el libre acceso a la información”, se indicó.
En la presentación se indicó que “la gravedad y la urgencia descripta en la decisión judicial de intervención, otorga legitimidad al socio para tomar debido conocimiento y acceder de manera directa a todos los antecedentes obrantes en el INAES, relacionados con la gestión de los órganos sociales”.
Agrega que “la temeridad y arbitrariedad puesta de manifiesto por las distintas autoridades representativas en los periodos de gestión, no sólo han conculcado gravemente los derechos políticos y económicos de los asociados, sino que han puesto en riesgo cierto la sustentabilidad de los servicios públicos a cargo”.
Concluye en que por ello “como asociados consideramos urgente y pertinente tornar acabado conocimiento de dicho accionar y establecer desde nuestra orbita de derechos la existencia de responsabilidades civiles y penales de cada una de las personas denunciadas o involucradas.
Esto posibilitará acceder a todos los antecedentes, comprobar las denuncias penales ya realizadas y su estado de trámite, la existencia de eventuales acciones civiles, tramites de exclusión de socios, entre otros aspectos”.
Finalmente consideraron además necesario conocer aspectos sobre la labor del interventor Juan Manuel Ibañez “que no sea por medios periodísticos o redes sociales. Esto es, sus informes bimestrales respecto del cumplimiento de la función que le encomendaron, sus acciones de saneamiento, acuerdos alcanzados con la empresa CAMESSA, entre otras entidades provinciales y municipales”, además del destino de fondos “por ejemplo el destino comprobado del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas, los informes de la Auditoría Externa, el contenido de las graves y numerosas irregularidades apuntadas oportunamente por el Secretario de Trabajo de la Provincia del Chubut, y el Intendente de la ciudad de Rawson, que se mencionan en los fundamentos de la intervención”.
Cabe recordar que la Cooperativa de Servicios Públicos del Rawson se encuentra intervenida y en las últimas semanas esa situación de prorrogó por dos meses más, por una resolución que firmó el juez federal de Rawson Hugo Sastre, el pasado 6 de febrero.
En la primera parte de la presentación se hace alusión a las razones por las cuales la entidad fue intervenida, su situación patrimonial, las abultadas deudas que posee, los estados contables no aprobados por las asambleas de delegados, además de denuncias penales contra las últimas autoridades que integraron el Consejo de Administración.