La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo judicial. La organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar para que se garantice la participación oral de los más de 100 mil inscriptos en las audiencias públicas convocadas en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
El reclamo apunta a modificar el esquema actual, que limita la exposición directa a una cantidad reducida de participantes.
Esquema de participación cuestionado
Según el cronograma previsto, solo 200 personas podrán exponer de manera presencial en la primera jornada y otras 200 lo harán en modalidad virtual al día siguiente. El resto de los inscriptos deberá enviar sus aportes por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos.
Desde Greenpeace consideran que este sistema restringe el derecho a la participación pública en un debate de alto impacto ambiental.
La presentación judicial recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, actualmente subrogado por el juez Enrique V. Lavié Pico.
El planteo de Greenpeace
En su escrito, la organización solicitó que se ordene al Congreso garantizar la participación oral de todos los inscriptos, además de revisar el cronograma previsto para el 25 y 26 de marzo.
Entre las alternativas planteadas se incluyen: ampliar la duración de las audiencias, incorporar nuevas jornadas, e implementar mecanismos que aseguren una participación efectiva.
También cuestionaron las modalidades alternativas, como el envío de videos, al considerar que no cumplen con estándares adecuados de participación ciudadana.
Un debate con impacto ambiental y político
La reforma de la Ley de Glaciares (que ya cuenta con media sanción del Senado) genera tensiones entre distintos sectores políticos y sociales.
Desde el ámbito parlamentario, algunos advierten que permitir la exposición oral de todos los inscriptos podría extender el proceso durante más de 500 días, mientras que sectores de la oposición plantean la necesidad de un esquema intermedio.
La resolución actual fue impulsada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, y establece que participarán los primeros inscriptos de cada provincia.
Pedido de control judicial
Además, Greenpeace solicitó la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de las audiencias, tanto presenciales como virtuales, en línea con los criterios del Acuerdo de Escazú.
El planteo abre un nuevo frente en el debate sobre la reforma, poniendo el foco no solo en el contenido de la ley, sino también en los mecanismos de participación ciudadana en decisiones ambientales.
O.P.