Dos cazadores furtivos que fueron sorprendidos con la cabeza de un ciervo en inmediaciones de Junín de los Andes deberán pagar una reparación económica de seis millones de pesos y cumplir tareas comunitarias, luego de un acuerdo alcanzado con el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El dinero será destinado a una casa de infancias y a un merendero municipal de esa localidad. La resolución se formalizó durante una audiencia en la que la fiscal del caso, Inés Gerez, expuso los términos del acuerdo de reparación integral.
El hecho investigado ocurrió el pasado 31 de marzo, alrededor de las 21:20, en el sector de Puesto Aucapán, cuando personal de Fauna advirtió a la Policía sobre la presencia de una camioneta en actitud sospechosa.
Al interceptar el vehículo, los efectivos constataron que en la caja transportaban la cabeza de un ciervo colorado de 16 puntas, que había sido recientemente despostado. A partir de ese hallazgo se inició el procedimiento que derivó en el secuestro de distintos elementos vinculados con la caza furtiva.
Durante el operativo se incautó un fusil Mauser calibre .300 equipado con mira telescópica y supresor de sonido, además de visores nocturnos, binoculares, cartuchería, indumentaria de camuflaje y herramientas de corte.
La investigación también permitió establecer que el arma estaba registrada a nombre de uno de los imputados, quien se encontraba inhabilitado por la ANMaC y tenía vencida su credencial de legítimo usuario.
El acuerdo alcanzado con la fiscalía contempla el pago de seis millones de pesos en tres cuotas. Los fondos serán destinados a la Casa de las Infancias Casa Lunas y al Merendero Municipal de Junín de los Andes, como forma de reparación por el daño ocasionado. Además de la compensación económica, se dispuso el decomiso definitivo del arma y de todos los elementos utilizados para la caza ilegal.
También se fijó la realización de tareas comunitarias: uno de los imputados deberá cumplir 40 horas de trabajo y el restante 20 horas, en actividades que serán coordinadas por organismos locales, informó La Angostura Digital. El plazo establecido para el cumplimiento de todas las obligaciones es de cuatro meses. Durante ese período, el Ministerio Público Fiscal supervisará que se efectivicen tanto el pago acordado como las tareas comunitarias.
Una vez acreditado el cumplimiento total, se dictará el sobreseimiento de ambos imputados. El acuerdo fue avalado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat, quien consideró razonables las condiciones propuestas y dio validez al mecanismo de reparación integral como alternativa a la continuidad del proceso penal.