Alpesca: se tratará el martes la recusación de Buzzi a los fiscales

El martes 2 de agosto a las 12 horas se tratará la recusación que formuló Valeria Corbacho, abogada del ex gobernador Martín Buzzi, a los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira. La audiencia se realizará en la Procuración General.
La deberá resolver el Procurador Miquelarena. Para los fiscales que investigan el crédito de 10 millones que el gobierno otorgó al empresario Omar Segundo, el pedido de recusación de la defensa es “una maniobra dilatoria”.
Según lo previsto por el artículo 117 del Código Procesal Penal, el fiscal “podrá ser recusado cuando existan motivos graves y fundados que afecten la objetividad en su desempeño”. La recusación será resuelta por el fiscal superior, en este caso, el Procurador General, y quien recusa podrá pedir la revisión de esa decisión ante el tribunal.
La recusación se resolverá, en todos los casos, en audiencia oral con intervención de todas las partes y no se suspenderá en caso de ausencia injustificada de alguna de éstas.
Recordemos que el lunes pasado, por un planteo de la abogada del ex gobernador Martín Buzzi se pospuso la audiencia preliminar donde se debe definir si la causa que investiga el otorgamiento del crédito de 10 millones a Omar “Cura” Segundo va a juicio oral y público.
Corbacho, patrocinante de Buzzi, solicitó la recusación de los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira, así como del Fiscal de Estado Diego Martínez Zapata, quien es querellante en la causa.
Tras la realización de los planteos de la defensora, el juez de la causa, Fabio Monti, rechazó el pedido de apartamiento de Martinez Zapata ya que la recusación del querellante no está prevista en el Código Procesal Penal de Chubut.
Por su parte, según la ley, el Procurador Jorge Miquelarena deberá resolver sobre la recusación a los fiscales Báez y Pereira. Dicha audiencia será el próximo martes.
En la causa se encuentra acusados el ex gobernador Martín Buzzi, la actual diputada Gabriela Dufour, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire; así como a los directores de CORFO, el organismo por el cual se otorgó el préstamo, Claudia Mundet, Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Romero Belastín. Asimismo, Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina, también están acusados, en calidad de partícipes necesarios.
La calificación es por “fraude en perjuicio de la administración pública”, ya que los fiscales sostienen que “existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico –CORFO- de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.
Respecto a Segundo, los fiscales indicaron que el mismo “tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO”.