La ex jefa de la Comisaría de la Mujer, fue declarada autora material y penalmente responsable de allanamiento ilegal, detención ilegal y falsificación de documento público. El veredicto del Tribunal Mixto dio paso a un debate sobre la sanción penal a imponer, con una escala que va de 1 a 6 años de prisión.
Solicitud de la Fiscalía
La fiscal María Bottini solicitó una pena de 4 años de prisión efectiva, junto con una inhabilitación para ejercer cualquier función en fuerzas de seguridad por un periodo de ocho años. Bottini argumentó que, dado el rango de la mujer y su responsabilidad como oficial de policía, las condiciones que rodearon su actuación deberían ser consideradas de manera severa. “No es lo mismo un agente recién recibido que una oficial de jerarquía”, afirmó Bottini durante su intervención.
Vulnerabilidad de la víctima
Bottini también destacó la situación de vulnerabilidad del hombre afectado, quien vive en José de San Martín y tiene un nivel educativo limitado, habiendo completado solo hasta cuarto grado de primaria. La fiscal subrayó que, sin la intervención de la policía y un video que documentó los hechos, es probable que la víctima no se hubiera atrevido a denunciar.
Manipulación de la Justicia
La fiscal argumentó que la acusada abusó de su posición privilegiada para redactar un acta que falseaba los acontecimientos. Esto no solo constituyó un acto de falsedad documental, sino que también afectó la intimidad, la libertad y la fe pública, engañando a los funcionarios de justicia involucrados en el caso. Bottini remarcó que la manipulación del acta resultó en una audiencia de control de la detención que validó la detención de la víctima de manera ilegal.
Impacto en la víctima y su entorno
Para ilustrar el daño causado, la Fiscalía presentó el testimonio de las hijas de la víctima, quienes relataron cómo su padre perdió la paz y se volvió inseguro tras lo ocurrido.
La situación no solo le causó temor hacia la policía, sino que también afectó su reputación en una comunidad pequeña donde los rumores se propagan rápidamente.
Defensa de la acusada
El defensor particular solicitó la imposición del mínimo legal, argumentando que su clienta nunca tuvo la intención de cometer un delito y que sus acciones fueron el resultado de un malentendido en el ejercicio de su función. También pidió que no se le inhabilitara para desempeñar algún rol dentro de la fuerza.
En caso de que el Tribunal impusiera una pena de ejecución condicional, la Fiscalía propuso que se establecieran reglas de conducta, incluyendo una prohibición de acercamiento a la víctima y su familia durante el tiempo de la condena.
O.P