Una joven neuquina fue imputada por realizar 34 compras en línea con la tarjeta de crédito de su ex pareja en un lapso de menos de ocho horas, con un perjuicio económico cercano a los cinco millones de pesos, según informaron fuentes judiciales de la provincia patagónica. El caso, que salió a la luz tras una denuncia del damnificado, volvió a poner en foco la vulnerabilidad de las operaciones digitales y el uso indebido de datos personales.
La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo el miércoles pasado, donde la Fiscalía expuso los detalles de la maniobra atribuida a la sospechosa. De acuerdo con la investigación encabezada por el asistente letrado de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos,Facundo Bernat, la mujer aprovechó la información financiera de su ex pareja —con quien mantuvo una relación de casi dos años pero después él decidió cortar la relación— para realizar decenas de operaciones online luego de la separación, ocurrida en febrero de 2024.
El expediente detalla que los consumos fraudulentos se concretaron el 29 de abril, entre las 11:00 y las 18:30 horas, a través de la plataforma Mercado Libre. En ese breve lapso, la imputada efectuó 34 compras de indumentaria, sábanas, anteojos y zapatillas, entre otros artículos, acumulando un total de 4,9 millones de pesos.
La víctima detectó la irregularidad al revisar su resumen bancario, donde observó movimientos desconocidos que le llamaron la atención. Al indagar sobre el destino de los pedidos, descubrió que todas las entregas estaban dirigidas al domicilio de su ex pareja, lo que dio origen a la denuncia penal.
Durante el proceso, el damnificado solo pudo recuperar el dinero correspondiente a dos de las operaciones, mientras que el resto de los montos permanece en litigio judicial. Las autoridades confirmaron que 25 de las compras se completaron exitosamente, por un valor superior a 2,6 millones de pesos, mientras que las restantes fueron devueltas o rechazadas por fallas en la validación de los datos.
El Ministerio Público Fiscal continúa con la investigación para determinar si existieron otros beneficiarios o cómplices en las transacciones y evaluar la calificación definitiva del delito, que podría derivar en cargos por defraudación y uso indebido de instrumento financiero electrónico.
Fuentes judiciales remarcaron que el caso evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad digital y de proteger los datos personales incluso dentro del ámbito doméstico. “Cada vez son más frecuentes los delitos informáticos cometidos entre personas con vínculos previos, donde se aprovecha la confianza para acceder a contraseñas o datos financieros”, señalaron desde la Fiscalía.
Fuente: Jornada