Treinta y un trabajadores rurales, incluyendo a dos menores de edad, fueron rescatados en condiciones de hacinamiento y precariedad en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia de Santa Fe. La justicia federal investiga a dos sospechosos por un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral, delito que contempla penas de hasta 15 años de prisión.
Los operativos se llevaron a cabo en el marco de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, a cargo del fiscal federal Gustavo Onel. La Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe constató que las víctimas vivían en toldos de nailon, sin agua potable ni sanitarios, y trabajaban de lunes a lunes en jornadas de hasta diez horas por salarios muy bajos.
Hallazgos en dos establecimientos rurales
La investigación se inició luego de que agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) detectaran a 15 personas realizando trabajos de desmalezamiento en un establecimiento rural conocido como “Santa Ana”. Entre ellos se encontraban dos adolescentes de 17 años que dormían en el suelo. Los trabajadores, oriundos de Los Juríes, Santiago del Estero, declararon que recibían 300.000 pesos por quincena con descuentos por la comida. Algunos de ellos estaban indocumentados o no sabían leer ni escribir.
La comisión fiscalizadora relevó un segundo campo vecino, “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde halló a cinco trabajadores en condiciones de precariedad similares. Tras los procedimientos, se rescataron 31 personas y se secuestraron teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones que serán clave en la investigación. Dos ciudadanos fueron identificados como posibles integrantes de la red de explotación laboral.
Asistencia a las víctimas y marco legal
El Ministerio Público Fiscal dispuso la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y del municipio de Tostado para brindar alojamiento y alimentación a las víctimas. También se activó el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, con el apoyo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), para ofrecer asistencia psicológica, médica y jurídica.
La causa está encuadrada bajo la Ley 26.364, que define el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Las penas varían de 3 a 6 años de prisión, y pueden elevarse hasta 15 años en casos agravados, como cuando las víctimas son menores de 13 años o hay una banda organizada.
T.B