La jueza Laura Martini resolvió una medida de suma relevancia en el ámbito del sistema penal de Chubut: la reducción de seis meses de la pena que cumple un joven de Rawson actualmente detenido en la Seccional Tercera de Policía de Trelew.
Se trata de Joaquín García Flores, condenado a un año y ocho meses de prisión efectiva por una serie de delitos menores cometidos desde 2021, quien podrá beneficiarse de esta disminución gracias a su compromiso con la realización de estudios educativos durante su cautiverio.
En febrero de este año, García Flores fue condenado tras un proceso judicial en el que se valoraron los múltiples hechos delictivos cometidos por el joven en distintos años y localidades.
Desde su lugar de detención, García Flores llevó adelante tres cursos virtuales con carácter pedagógico, orientados a fomentar habilidades prácticas y teóricas: construcción de tanques solares sustentables, mecánica básica y soldadura eléctrica. Estos cursos fueron dictados por la Universidad Nacional de Córdoba, totalizando 105 horas de formación académica.
Reconociendo la importancia del papel que cumple la educación dentro de los sistemas penitenciarios como herramienta fundamental para la rehabilitación y la reinserción social, la jueza Martini aplicó el “estímulo educativo”, un mecanismo previsto en la normativa penal que reduce la pena en función de la realización de estudios que puedan facilitar una salida más efectiva y rápida del circuito penal.
La reducción de seis meses en la condena fue solicitada por la defensa pública del joven, que estuvo a cargo del abogado Miguel Lugo, y no encontró oposición en la representante del Ministerio Público Fiscal, la abogada Marcela Barrios. Esto permitió una decisión judicial con consenso entre ambas partes fundamentales del proceso penal.
García Flores, oriundo de Rawson, tuvo una trayectoria judicial con antecedentes relevantes. En 2019, cuando residía en La Plata, protagonizó un robo agravado por haberse cometido “en poblado y en banda”, una modalidad que impone mayor gravedad a la conducta ilegal. Luego, ya asentado en Rawson durante un período en el que cumplía una condena condicional de tres años, cometió otro robo agravado al usar un cuchillo para apoderarse de bebidas en un comercio del Área 12 de esa ciudad, lo que motivó su detención y posterior prisión efectiva.
Tras su encarcelamiento, García Flores continuó con conductas delictivas una vez recuperada su libertad entre 2023 y 2024, sumando al menos ocho hechos más: robos de cables en plazas del Área 16, hurto de metales en dependencias públicas, reiterados intentos de hurto frustrados por la acción policial o de los damnificados, violaciones a prohibiciones judiciales de acercamiento establecidas por el Juzgado de Familia y un robo tentado.
La jueza Martini resolvió en beneficio del joven condenado, aunque no dejó de efectuar algunas observaciones críticas respecto de la proporcionalidad entre las horas totales de los cursos realizados (105 horas) y el tiempo exacto otorgado para la reducción de la pena (seis meses). La magistrada subrayó la necesidad de ajustar los parámetros y estándares para que las penas y los beneficios educativos estén debidamente equiparados, garantizando así un equilibrio justo en el otorgamiento de ventajas procesales.
El “estímulo educativo” implementado en este caso busca promover que los internos no solo cumplan sus condenas privativas de libertad, sino que también participen activamente en actividades académicas o formativas que incrementen sus posibilidades reales de reincorporación positiva a la sociedad, disminuyendo con ello las tasas de reincidencia delictiva.