Una aseguradora fue condenada por la Justicia de El Bolsón a pagar una indemnización superior a los 31 millones de pesos tras comprobarse que incumplió las obligaciones asumidas en un seguro todo riesgo. El caso se originó luego de que una camioneta resultara dañada en un siniestro vial y permaneciera más de un año y cuatro meses sin una solución efectiva por parte de la compañía.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Multifueros de El Bolsón, que concluyó que la empresa extendió injustificadamente los tiempos de reparación, no brindó información adecuada a los asegurados y tampoco logró acreditar las dificultades que alegó para justificar las demoras.
Un siniestro y una espera que se prolongó durante meses
El conflicto comenzó el 6 de abril de 2023, cuando una Renault Duster Oroch sufrió importantes daños en un accidente de tránsito en El Bolsón. La denuncia fue presentada pocos días después y la aseguradora aceptó la cobertura correspondiente, autorizando la reparación del vehículo en un taller designado por la propia empresa.
Sin embargo, el proceso avanzó con lentitud. Según quedó acreditado en el expediente, el presupuesto fue aprobado en mayo de 2023 y se gestionó la compra de los repuestos necesarios, pero la reparación nunca comenzó dentro de plazos razonables.
Durante ese período, los propietarios realizaron reiterados reclamos para conocer el estado del trámite. La aseguradora atribuyó las demoras a problemas en el abastecimiento de autopartes y restricciones para la importación, aunque esos argumentos no fueron respaldados con documentación suficiente.
Más de un año sin poder utilizar el vehículo
Recién el 30 de abril de 2024 la camioneta ingresó al taller para su reparación. La entrega se concretó el 26 de agosto de ese mismo año, más de 16 meses después del accidente.
Para los damnificados, la situación tuvo consecuencias directas en su vida diaria. La sentencia remarcó que la falta del vehículo obligó a reorganizar desplazamientos y actividades cotidianas en una zona donde las distancias son amplias y las alternativas de transporte público son limitadas.
El tribunal entendió que la prolongada privación del automotor generó perjuicios concretos que debían ser compensados.
Camioneta entregada con fallas
La controversia no terminó con la devolución de la unidad. Una pericia mecánica realizada posteriormente detectó distintos inconvenientes que seguían vinculados al siniestro original.
Entre ellos se encontraron fallas en el sistema de airbag, problemas de sellado, defectos en molduras y alertas activadas en el tablero del vehículo.
Para la jueza, estos elementos demostraron que la prestación brindada por la aseguradora no solo fue tardía, sino también incompleta.
Condena basada en la Ley de Defensa del Consumidor
En su resolución, el juzgado consideró que la conducta de la empresa vulneró derechos contemplados en la Ley de Defensa del Consumidor, particularmente los vinculados al deber de información, el trato digno y el cumplimiento efectivo del servicio contratado.
Como resultado, la aseguradora fue condenada a abonar 8 millones de pesos por daño material, 7 millones por privación de uso del vehículo, 6 millones por daño moral y 10 millones por daño punitivo.
La suma total asciende a 31 millones de pesos. El tribunal entendió que existió un incumplimiento grave y prolongado, con consecuencias concretas para los usuarios, quienes durante más de un año esperaron una solución que nunca llegó en los términos comprometidos.
O.P.