Un comisario de la Policía de Río Negro atravesó una situación económica extrema luego de que los descuentos aplicados sobre su salario por préstamos y obligaciones financieras redujeran sus ingresos hasta dejarle apenas un centavo en su cuenta.
Ante ese escenario, la Justicia intervino y dictó una medida cautelar para limitar provisoriamente las retenciones sobre sus haberes. La resolución fue tomada por la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, que ordenó que los descuentos no superen el 33% del salario, una vez realizadas las deducciones obligatorias.
El fallo todavía no se encuentra firme y puede ser apelado. Además, el tribunal intimó al efectivo a iniciar una demanda contra las entidades crediticias involucradas para resolver de manera definitiva la situación.
Una situación que se agravó durante meses
Según consta en el expediente, durante 14 meses los descuentos fueron reduciendo de manera progresiva los ingresos del comisario. El momento más crítico ocurrió en junio de este año, cuando sobre una remuneración bruta superior a los 3,9 millones de pesos recibió finalmente $0,01.
De acuerdo con la documentación analizada por la Justicia, las retenciones llegaron a representar el 90,13% de sus haberes, dejando al trabajador prácticamente sin recursos disponibles.
El impacto en su familia
En la presentación judicial, el comisario explicó que esta reducción salarial le impedía afrontar gastos básicos del hogar como alquiler, servicios, alimentación y atención médica.
Además, señaló que una de sus hijas atraviesa problemas de salud con patologías neurológicas y motrices que requieren tratamientos permanentes. Debido a la falta de recursos, la familia tuvo que suspender terapias complementarias como equinoterapia y natación terapéutica.
Los argumentos del tribunal
Al analizar la situación, la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca consideró que la reducción del salario afectaba el carácter alimentario de los haberes y comprometía la subsistencia del trabajador y su grupo familiar.
Los magistrados indicaron que, si bien no existe una normativa específica que establezca un límite para este tipo de descuentos en empleados públicos provinciales, la jurisprudencia del propio fuero ya había considerado razonable establecer un tope del 33%.
Con ese criterio, el tribunal ordenó a la Jefatura de Policía de Río Negro controlar que las retenciones no superen ese porcentaje y dejar sin efecto aquellos descuentos que excedan el límite establecido.
Una medida provisoria
La resolución tendrá una vigencia inicial de diez días. Durante ese período, el comisario deberá avanzar con la demanda correspondiente contra las entidades crediticias para que la Justicia analice el fondo del conflicto.
Mientras tanto, la medida busca garantizar que el efectivo pueda disponer de una parte de sus ingresos y evitar que la situación vuelva a dejarlo sin salario.
MA