El Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó este miércoles una ordenanza que regula y prohíbe el depósito, acopio, abandono y permanencia de chatarra, vehículos fuera de uso, autopartes, neumáticos y otros residuos voluminosos en espacios públicos del ejido municipal.
La iniciativa fue impulsada por el presidente del cuerpo legislativo, Agustín H. Guasco, y otorga al Municipio herramientas para intervenir ante situaciones que afecten el uso de los espacios comunes, la salubridad y las condiciones ambientales de la ciudad.
Qué elementos quedan prohibidos en la vía pública
La normativa alcanza a una amplia variedad de materiales y objetos que suelen acumularse en calles, terrenos abiertos o sectores de circulación pública. Entre ellos se encuentran vehículos abandonados, carrocerías, autopartes, neumáticos fuera de uso, electrodomésticos en desuso, estructuras metálicas, restos de maquinaria y cualquier otro elemento que pueda representar un riesgo sanitario, ambiental o para la circulación de personas y vehículos.
Según se informó, la ordenanza apunta a preservar la seguridad, el ambiente, la estética urbana y el libre acceso a los espacios públicos.
Cómo actuará el Municipio
La norma establece un procedimiento específico para detectar y resolver situaciones de incumplimiento.
En primer lugar, el Municipio podrá realizar inspecciones y constatar infracciones mediante actas, fotografías y otros elementos probatorios. Posteriormente, se intimará al responsable para que retire los objetos depositados en un plazo de 48 horas.
Cuando existan motivos vinculados con la seguridad, la higiene o la protección ambiental, ese plazo podrá reducirse o incluso disponerse la remoción inmediata de los elementos.
Si el responsable no cumple con la intimación, el Municipio podrá retirar los bienes y trasladarlos a un depósito municipal.
Qué ocurrirá con los elementos retirados
La ordenanza prevé que los objetos removidos permanezcan durante 30 días en guarda, permitiendo que sus titulares puedan reclamarlos.
En el caso de los vehículos abandonados que no sean retirados, podrán ser declarados formalmente en estado de abandono y posteriormente sometidos a distintos procesos, como compactación, reciclado, desguace, destrucción o remate público, según corresponda.
También se contempla la gestión de la baja registral de los vehículos ante los organismos competentes.
Multas y recuperación de espacios comunes
Además de los costos derivados de la remoción, traslado y depósito, la normativa incorpora sanciones económicas que van desde las 100 hasta las 1.000 Unidades Fiscales para quienes incumplan sus disposiciones.
La aplicación de la ordenanza estará a cargo de distintas áreas municipales, entre ellas las direcciones de Tránsito y Ambiente, que trabajarán de manera coordinada con otras dependencias del Ejecutivo local.
Desde el Concejo Deliberante señalaron que la medida busca prevenir focos de contaminación, reducir riesgos para la salud, ordenar el espacio urbano y recuperar sectores públicos para el uso cotidiano de vecinos y visitantes.
O.P.