Este martes 10 de marzo comenzó en la Ciudad de Buenos Aires el primer juicio oral vinculado a la aplicación del denominado “protocolo antipiquetes”, impulsado durante la gestión de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El proceso judicial se desarrolla en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28, ubicado en Suipacha 150, piso 8, y tendrá audiencias también el 11 y 12 de marzo.
En el juicio están imputados cuatro manifestantes: Astor Valentín Galán Vizgarra, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa, acusados del delito de atentado contra la autoridad, que prevé penas de hasta un año de prisión.
Inicialmente la causa incluía a cinco personas, pero poco antes del inicio del juicio la fiscalía archivó el expediente contra Joaquín Ignacio Gould. “Llegan cuatro manifestantes a juicio. Nos informaron el archivo del expediente de uno de los cinco que tenían juicio”, explicó Silvia Pelozo, abogada defensora de los manifestantes e integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo.
Detenciones durante una protesta cultural
Los acusados fueron detenidos el 2 de febrero de 2024, junto a otras diez personas que posteriormente fueron liberadas, durante una protesta frente al Congreso de la Nación Argentina.
La movilización se realizó en el marco de una jornada cultural organizada por Unidxs por la Cultura, en rechazo a la denominada Ley Ómnibus de Argentina 2024.
Durante esa jornada, las fuerzas federales desplegaron un amplio operativo de seguridad en la zona de Plaza del Congreso, donde se registraron incidentes y se produjeron 14 detenciones. Con el avance de la investigación judicial, solo cuatro de esas personas quedaron finalmente imputadas.
La defensa cuestiona las pruebas
El juicio despertó la atención de organizaciones sociales y de Derechos Humanos que siguen el proceso por considerar que podría tratarse de un caso de criminalización de la protesta. Desde la defensa sostienen que el expediente presenta debilidades en materia probatoria.
“Hoy es la primera jornada del juicio y se escucharán principalmente testimonios policiales. Cuando se revisa la prueba audiovisual, en los videos incorporados al expediente no se observa lo que la policía describe que habrían hecho los manifestantes”, señaló Silvia Pelozo, abogada defensora e integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo.
Según planteó la defensa, las filmaciones disponibles (incluidas imágenes de medios de comunicación) no mostrarían escenas de agresiones contra las fuerzas de seguridad. “No hay en horas de filmación ninguna imagen donde se observe que se hayan arrojado piedras o botellas que justifiquen la detención”, afirmó Silvia Pelozo.
Señalamientos de irregularidades
Los abogados defensores también apuntaron a supuestas irregularidades en el expediente judicial. Entre ellas mencionaron actas policiales con redacciones idénticas para distintos detenidos, testimonios de agentes tomados por teléfono y errores en la reconstrucción de los hechos.
“Hay imprecisiones respecto de la acusación. Incluso se menciona que los incidentes habrían ocurrido el 3 de febrero a las 00:20, cuando en realidad las detenciones se produjeron el 2 de febrero alrededor de las 22:20”, indicó Silvia Pelozo.
Además, sostienen que la acusación no individualiza conductas específicas de cada uno de los imputados. “El planteo es genérico: se responsabiliza a todos por la misma conducta sin especificar quién habría arrojado objetos, en qué momento o contra qué agente”, explicó la abogada.
Un caso que genera debate
El juicio es considerado uno de los primeros casos que llega a esta instancia judicial en relación con el protocolo de seguridad utilizado para intervenir en protestas callejeras.
Para organizaciones sociales y de Derechos Humanos, el resultado del proceso podría sentar un precedente sobre el alcance de las medidas aplicadas durante manifestaciones públicas. “En estos manifestantes lo que se está juzgando es el derecho a la protesta de todo el pueblo argentino. Protestar no es delito. La absolución es justicia”, señalaron desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, que participa en la defensa de los acusados.
O.P, con información de Perfil.